El padre de Enzo Gallo, radicó una denuncia en la Fiscalía, donde advierte que personas del Servicio de Justicia de la Provincia, habrían cometido maniobras delictivas, con la falsificación de la carátula de ingreso de la pericia enviada desde la Corte Suprema, y que haría importantes revelaciones al caso, que tiene como imputados a dos médicos.
Por ello, puso en duda la legitimidad de la copia que obra en el expediente.
El 9 de noviembre último, Alejandro Gallo, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal, para denunciar al Servicio de Justicia de la Provincia y a todas las personas que hayan tenido vinculación con el ingreso del informe pericial que envió la Corte Suprema, a través de la Policía Federal y que arrojaría luz a un intrincado caso, que tuvo como víctima a su hijo adolescente.
El juez Mario Martínez, tiene en sus manos la Instrucción de la causa, caratulada como ‘Homicidio simple con dolo eventual’, en el que están imputados los facultativos Enrique Paliza y Jorge Coppari, que hoy gozan de una eximición de prisión.
El denunciante, expresa que vio vulnerado el derecho de la víctima con estas maniobras detectadas, tras su intento de conseguir una copia de la pericia realizada en la Corte, y que habría culminado en agosto, pero que recién tiene ingreso formal (presunto) el 22 de octubre último. Entiende Gallo, que esta dilación le permitió a los imputados, conocer los detalles y hasta dudó de una presunta adulteración que podría haber sufrido el informe, para beneficiar a los médicos, con la presunta complicidad de personas vinculadas a la Justicia provincial.
La denuncia, a la que accedió de manera exclusiva EL INDEPENDIENTE, indica que “estos delitos, que impiden el acceso a la Justicia y ahondan el sufrimiento de la víctima, fueron cometidos por miembros del Servicio de Justicia”, que habrían falsificado documentos y que estaría acreditado mediante constatación de escribanos.
Ante semejante irregularidad, el padre de la víctima fatal, pidió al magistrado y a los fiscales, la inmediata intervención. Entendió que “Martínez es una víctima más del accionar de las personas que hayan cometido estos delitos”. Reveló que ante escribano, miembros del Servicio de Justicia, reconocieron que “estas conductas pretenden impedir el correcto trabajo del juez que instruye la causa, porque las pruebas fueron ocultadas y alteradas”.
Requiere en el escrito, que se dé intervención al Fiscal General para que brinde las garantías necesarias, respecto de la persecución de estos delitos, que fueron cometidos en el edificio de Tribunales.
Gallo, da precisiones respecto a esta falsificación, al aducir que cuando requiere la copia de la pericia realizada por la Corte, recibe respuestas dilatorias, hasta que por cansancio, logra que le entreguen la documentación, cuya fecha de ingreso por Mesa de Entradas y Salidas, figura el 22 de octubre a las 11:00, con una media firma sobre el sello, que sería falsa.
Ante la sospecha que se trataba de alguna maniobra, el padre del adolescente solicitó a la Policía Federal, se le informe la fecha que llegó la pericia proveniente de Capital Federal, y cuándo ingresó en los Tribunales provinciales. La fuerza Federal, le otorga una copia certificada, donde aparece la notoria diferencia que “marca un grave perjuicio, tanto para la víctima, como para las instituciones provinciales, que no es otra cosa que el sello del Servicio de Justicia, que precisa como fecha de ingreso el 1 de octubre a las 11:00 con una firma y aclaración diferente a la que aparece en el expediente que obra en la Justicia”.
De este modo, el denunciante expresa que “quedó de esta manera, palmariamente demostrado y de forma indubitable, el grave delito cometido por miembros de la Función Judicial riojana”, considerándose víctima, no sólo del Sistema de Salud Provincial, sino también del Servicio de Justicia.
Gallo, también puso en tela de juicio, ahora la veracidad del informe pericial, porque “se la ha hecho emitir opinión basada en pruebas falsas, y esta falsificación, la produjeron aquellos que hoy están siendo investigados”. Consideró necesario aclarar que “la Corte no contó con la prueba fundamental que acredita el desprecio de la vida del niño, ya que se lo operó sin ningún papel, y luego una vez asfixiado, se comenzó esta macabra acción de tapar con papeles, los crímenes que cometen y que al día de hoy, está demostrado”.
De este modo, rebatió los análisis que se dieron a conocer por parte de los involucrados, respecto a un posible respaldo de la Corte, pues “no podemos aseverar que haya llegado todo lo que los peritos enviaron, como tampoco tenemos seguridad que contenga todo lo que demuestra los delitos que Enzo Abel padeció”.
Ratificó Gallo que “no existió peritonitis, que no hubo shock anafiláctico, que nadie lo revisó y que murió asfixiado, es decir estos médicos, se llevan un chico para cortarle el apéndice y te lo entregan asfixiado y eso claramente, no puede tomarse como una conducta lógica y legal”.
