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Ordenan detención de dos médicos por el caso Enzo Gallo

Procesan y ordenan detener a médicos por homicidio simple

Los médicos Enrique Paliza y Jorge Coppari, fueron procesados y se ordenó su detención e inmediato traslado al Servicio Penitenciario. Hasta anoche, sólo Paliza fue localizado por la Policía y se buscaba intensamente al otro facultativo. El juez Mario Martínez, los inculpó por la muerte de Enzo Gallo encuadrando el delito como `homicidio simple con dolo eventual`.

La causa judicial iniciada por la muerte del adolescente Enzo Abel Gallo, dio ayer un paso fundamental. El juez de Instrucción Nº 1, Mario Martínez, dictó el procesamiento por el delito de `homicidio simple con dolo eventual`, de los dos médicos imputados hasta el momento: el cirujano Enrique Paliza y el anestesista Jorge Eduardo Coppari. 

El fallo significó un agravamiento de la carátula, ya que el hecho estaba tipificado provisoriamente como `homicidio culposo`. Debido a esto, el juez dispuso también la prisión preventiva de los acusados y su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial. 

Según determinó el juez, la decisión de los médicos estuvo motivada en razones económicas, no médicas, pues nunca verificaron la necesidad de la operación, ni realizaron los estudios prequirúrgicos obligatorios. 

Tal premisa fue sustentada, a su parecer, por las pruebas documentales y testimoniales que obran en la causa y que fueron acumuladas en más de mil fojas, durante un año de investigación. 

EL DOLO 

El proceso judicial fue iniciado con la calificación jurídica de `homicidio culposo`, un delito excarcelable. Sin embargo, una nueva conformación de los hechos, producto de la investigación, motivó también un nuevo examen de las conductas de los encausados. Así, el juez entendió que los acusados deben responder por el delito de `homicidio simple con dolo eventual`. 

Según advierte el magistrado en su resolución -a la que tuvo acceso EL INDEPENDIENTE-, Paliza y Coppari intervinieron al paciente, sin haberlo revisado antes, ni preocuparse por determinar qué tratamiento o medicación había estado recibiendo, ni haberle realizado los estudios prequirúrgicos, ni haber indagado en la medicación anteriormente prescripta o la atención médica recibida, ni existió coordinación entre médicos cirujano y anestesista, sobre la consulta pre anestésica del paciente. 

A todo esto, suma un hecho no menor, referido al abandono del quirófano que hizo Coppari, "que se evidenció como probado en autos", dice el fallo. Y luego relata que el galeno "en circunstancias en las que se estaba desarrollado la misma intervención, se retira temporalmente para volver al control del sistema respiratorio, una vez acontecida la letal crisis del paciente víctima de autos". 

A raíz de estas apreciaciones, el juez sostiene que "es claro que los facultativos imputados en autos, se encontraban frente a un peligro concreto de altísimo grado, el cual habían generado mediante la incursión de actos por ellos mismos generados", y reitera que "se decidió llevar a quirófano a una persona sin saber mínimamente cuál resultaba su estado de salud". 

Y agrega que "establecidas estas importantes irregularidades (...), las cuales versaron sobre el menosprecio de importantísimas reglas que gobiernan en un sentido básico el buen arte de curar (...), los profesionales de la salud imputados, no pudieron desconocer la transgresión que su accionar evidenciaba", y añade que "los profesionales imputados, estaban en una efectiva posición privilegiada de representarse el peligro asumido y de allí prever el resultado finalmente acontecido". Así, en otra parte del resolutorio, agrega que "surge claramente que los imputados Paliza y Coppari, poseían una indudable y calificada posibilidad de evitación" de la producción de la muerte o, por lo menos, de minimizar los riesgos generadores de ella. "No alcanza con la `mera esperanza` o el `simple deseo` de que el resultado no ocurra, si no se emplean los conocimientos en actos concretos, para evitar el resultado", manifiesta. 

"En conclusión, el sujeto que actúa con dolo eventual, actúa descuidadamente, pero sabe lo que hace y siendo consciente del grado de peligro que su comportamiento lleva implícito para un bien jurídico", ya sea por indiferencia, por desprecio hacia ese bien jurídico, o bien sin ningún tipo de sentimiento negativo respecto a ese mismo bien, "decide seguir adelante con su comportamiento, anteponiendo sus intereses, a la integridad del bien jurídico que con su hacer amenaza". En este caso, el bien jurídico es nada menos que la vida. 

MUERTE EN EL QUIRÓFANO 

La resolución judicial comienza estableciendo, en función de la prueba recopilada, cómo acontecieron los hechos que terminaron con la muerte del jovencito. 

Siguiendo el relato que hace el juez, todo comenzó el 22 de septiembre de 2010, cuando Enzo tuvo vómitos y dolores en el abdomen. A raíz de esto, su padre, Alejandro Gallo, lo llevó a las 20, a la clínica privada ERI, donde una médica lo revisó y ordenó una serie de estudios complementarios, ya que no podía determinar a ciencia cierta, qué originaba el dolor. Obtenidos los resultados, a las 23, otra médica atendió nuevamente al paciente, en la misma clínica, y concluyó, al igual que su colega, en tres posibles diagnósticos: infección urinaria, gastroenteritis o adenetei mesenterica (infección de los ganglios). 

Preocupado por la salud de su hijo, Gallo lo llevó seguidamente al hospital Vera Barros, entre las 0 y las 00.30 del 23 de septiembre. En la guardia, lo atendió el médico Esteban de la Fuente, donde constató "un abdomen blando, sin reacción peritoneal" y explicó que para un diagnóstico correcto precisaba estudios de laboratorio, electrocardiograma, entre otros. Estos médicos concluyeron que debía seguirse la observación del proceso para poder establecer la patología y, recién entonces, determinar cuál sería la intervención médica. Ninguno de ellos pudo afirmar la existencia cierta de un proceso apendicular. 

Ese mismo día, alrededor de las 12, padre e hijo regresaron al hospital en busca del médico De la Fuente, a quien no encontraron. En un momento, Alejandro Gallo se ausentó unos minutos para buscar a la madre de Enzo. Al regresar, se dio con que su hijo había sido internado para ser sometido a una cirugía. Por sugerencia de un conocido, Gallo buscó a Paliza, quien se presentó después en la habitación donde estaba internado Enzo. Sin revisarlo, ni consultar a sus colegas que lo habían atendido o la historia clínica, Paliza indicó que el cuadro era quirúrgico. Ante esto, Gallo pidió al médico que él se hiciera cargo de la operación, que según él, debía realizarse en otro lugar, aunque costaría mucho dinero. Dado el consentimiento del padre, Paliza procedió "a orquestar todo lo relativo al pase administrativo del paciente Gallo, del hospital Vera Barros, hacia el sanatorio Rioja". 

El fallo resalta que Enzo caminó sin ningún problema desde la habitación hasta el automóvil de su padre, ubicado a 700 metros del edificio. Así, fue trasladado en el vehículo particular hasta el sanatorio privado, donde quedó internado, previo pago de 3.000 pesos. 

A las 17, fue conducido al quirófano, donde actuaron Paliza (jefe quirúrgico), Edgardo Mercado (ayudante de cirugía) y Jorge Coppari (anestesista), además del personal de enfermería. 

Veinte minutos después de iniciada la operación, Enzo sufrió una aguda crisis respiratoria, que derivó, diez minutos más tarde, en un paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de resucitación, Enzo murió a las 18 aproximadamente. 

Párrafo aparte merece la actuación del médico anestesista, encargado del monitoreo hemodinámico y respiratorio del paciente. Según la investigación, Coppari había abandonado su puesto y no se encontraba en el quirófano al momento de la crisis respiratoria. Regresó recién ante el llamado desesperado de una enfermera. Pero, ya era tarde. 

DE MENTIRAS Y OCULTAMIENTOS 

La investigación fue concluyente también en que, con posterioridad a la muerte de Enzo, existió una connivencia de médicos y personal del hospital y del sanatorio Rioja, para encubrir el obrar de los médicos imputados. Testimonios falaces y falsificación de documentos públicos, así lo probarían. 

Por esto, además de dictar el procesamiento y detención de Paliza y Coppari, el juez dispuso la remisión de las copias pertinentes al Ministerio Público Fiscal, a los fines de que promueva las acciones correspondientes en contra de los médicos que ocultaron la verdad. 

Según se desprendió de la investigación, la médica Fernanda Torres, falsificó la historia clínica de Enzo Gallo y declaró falsamente para proteger y salvaguardar a Paliza, integrante también del nosocomio público. Por su parte, el médico Edgardo Mercado (ayudante de cirugía) afirmó falazmente que la víctima tenía el apéndice perforado, lo cual fue desvirtuado por la investigación. En tanto, su par, Alberto Zalazar (cardiólogo) afirmó que Enzo había logrado una mejoría y que fue llevado a Terapia aún con vida. Sin embargo, las pericias determinaron que el adolescente murió en el quirófano. 

Por esto, los médicos serán investigados por falso testimonio, ya que se presume que actuaron ilícitamente, con el fin de encubrir el accionar delictivo de sus colegas imputados.